La justicia de Argentina ordenó confiscar propiedades y bienes equivalentes a 500 millones de dólares a la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) y a otros condenados involucrados en la causa ‘Vialidad’.
El Ministerio Público Fiscal, anteriormente, identificó todos estos bienes, que suman más de 100 inmuebles, cuentas bancarias, sociedades y campos, durante la investigación. Actualmente, dicho decomiso afectó a la exmandataria y al resto de los culpables.
Este proceso se deriva de que el Tribunal Oral Federal número dos de Buenos Aires condenó a la exmandataria a seis años de prisión a fines de 2022 por administración fraudulenta. Debido a esto, ella comenzó a cumplir la pena en junio pasado en su domicilio de Buenos Aires luego de que la condena quedara firme.
La justicia Argentina decomisa 20 propiedas
En total, la familia Kirchner-Fernández perderá 20 propiedades: un inmueble inscrito a nombre de la expresidenta, además de 19 propiedades heredadas por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
De manera similar, el fallo dispuso el decomiso de varios bienes muebles e inmuebles vinculados a otros acusados, incluyendo al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al empresario Lázaro Báez, a quienes también condenaron en la causa.
Finalmente, la decisión judicial ordenó la inscripción de la sentencia en los Registros de la Propiedad correspondientes. Con esto, buscan inmovilizar los bienes hasta que la condena quede firme.
Justicia decomisa bienes para reparar perjuicio al Estado
El tribunal justificó las medidas al considerar que los fondos y activos alcanzados por el decomiso “constituyen el provecho del delito”. Por esta razón, determinó que la recuperación de estos activos resulta necesaria para reparar el perjuicio ocasionado al Estado.
El proceso judicial inició cuando la causa ‘Vialidad’ llegó al juicio oral en 2019. Este proceso culminó en diciembre de 2022 con la condena de Cristina Fernández por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Posteriormente, la Corte Suprema de Argentina confirmó dicha sentencia el pasado 17 de junio.
