En la conferencia matutina del 7 de julio, la presidenta, Claudia Sheinbaum, abordó las recientes acusaciones surgidas a raíz de un litigio entre empresarios israelíes, que señalan al expresidente Enrique Peña Nieto como presunto receptor de 25 millones de dólares en sobornos durante su mandato.
La información proviene de un juicio privado entre los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, cuyos documentos salieron a la luz pública a través del medio israelí The Marker. Dichos documentos indican que ambos empresarios realizaron pagos millonarios a un funcionario identificado como “N”, quien habría asumido la presidencia de México en 2012. A cambio, recibieron contratos gubernamentales, incluyendo la venta del software de vigilancia Pegasus.
La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum calificó la situación como “medio tremenda” durante su participación en la mañanera, y explicó que la acusación forma parte de una disputa legal que se desarrolla en Israel.
Durante la conferencia, Sheinbaum mencionó que el propio Enrique Peña Nieto ya había negado públicamente los señalamientos. No obstante, evitó comentar sobre posibles acciones legales o investigaciones por parte del gobierno federal o alguna otra dependencia mexicana.
Antecedentes del caso Peña Nieto-Pegasus
El caso Pegasus ha generado controversia desde años anteriores, ya que diversas investigaciones documentaron su uso para intervenir comunicaciones de periodistas, activistas y figuras políticas en México. Las agencias de seguridad mexicanas adquirieron el software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, durante el sexenio de Peña Nieto.
En respuesta a las acusaciones, Enrique Peña Nieto negó categóricamente haber recibido algún tipo de soborno o participado en la asignación de contratos relacionados con Pegasus. A través de una declaración pública, calificó los señalamientos como falsos, sin sustento y carentes de veracidad, atribuyéndolos a una disputa empresarial ajena a su administración.
Sin investigación oficial en México
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han iniciado una investigación formal relacionada con estos hechos. La denuncia y los documentos que implican al exmandatario permanecen en el ámbito judicial israelí, sin que se haya confirmado alguna colaboración entre ambos países en torno al caso.
