A 17 años del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, el caso vuelve a entrar en una etapa decisiva. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República retomó las investigaciones después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los delitos relacionados con la tragedia no prescriben, al estar vinculados con graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños.
🚨 FGR reabre investigación por caso de Guardería ABC, confirma Claudia Sheinbaum y pide "llegar hasta las últimas consecuencias".
Esto luego de que la Suprema Corte determinara que no puede prescribir los delitos entorno al incendio de la guardería en #Hermosillo que dejó 49… pic.twitter.com/dFxShDRXXb
— Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) June 29, 2026
El incendio, ocurrido el 5 de junio de 2009, dejó 49 menores fallecidos y más de un centenar de personas lesionadas o afectadas. Desde entonces, madres, padres y familias han sostenido una exigencia que no se ha apagado con el paso del tiempo: conocer toda la verdad, revisar responsabilidades y evitar que el expediente quede enterrado bajo argumentos jurídicos de prescripción.
Se reabre el caso de la Guardería ABC
La decisión de la Suprema Corte abrió una nueva puerta legal para continuar con las indagatorias y los procesos penales relacionados con el incendio. El criterio del máximo tribunal sostiene que, cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos de la infancia, el paso de los años no puede cerrar automáticamente la posibilidad de investigar ni de perseguir responsabilidades.
Sheinbaum explicó durante su conferencia matutina que la Fiscalía reinició la investigación luego del fallo judicial y que cualquier información bajo resguardo del Instituto Mexicano del Seguro Social deberá ser entregada si la autoridad ministerial la solicita
La mandataria también cuestionó el modelo de guarderías subrogadas que permitió que particulares administraran servicios de cuidado infantil con controles distintos a los aplicados en espacios operados directamente por el Seguro Social. Según su planteamiento, esa forma de delegar servicios públicos abrió zonas de riesgo en materia de supervisión, ubicación de inmuebles, protección civil y cumplimiento normativo.
La FGR ya había señalado que continuará acciones legales contra Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, y Carla Rochín Nieto, excoordinadora nacional de Guarderías del instituto. Ambos fueron vinculados a proceso por homicidio culposo y lesiones culposas, en modalidad de comisión por omisión, dentro de una indagatoria relacionada con las fallas institucionales que rodearon la tragedia.
El Gobierno Federal ha vinculado esta discusión con la creación de nuevos Centros de Educación y Cuidados Infantiles, administrados directamente por el IMSS y con normas reforzadas de seguridad. La comparación con el modelo anterior no es menor: la Guardería ABC quedó como símbolo de lo que ocurre cuando el cuidado infantil se trata como trámite administrativo y no como una responsabilidad pública de máxima protección.
La nueva etapa de investigación todavía deberá traducirse en revisión de expedientes, entrega de documentos, diligencias ministeriales y decisiones judiciales. Pero el caso Guardería ABC vuelve a moverse en un terreno donde las familias han insistido durante años: la justicia
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