La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció durante su conferencia de prensa matutina la iniciativa que busca establecer el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Según explicó, esta propuesta forma parte de un paquete de reformas que pretende modernizar las capacidades del Estado en temas de prevención del delito.
El nuevo marco legal permitirá coordinar acciones entre la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, bajo supervisión del Ministerio Público y con respeto a las garantías constitucionales.
Sheinbaum asegura que no se violará la privacidad de la ciudadanía
Durante la presentación, la mandataria dejó claro que la nueva ley no permitirá el espionaje a la población. Señaló que todas las tareas de inteligencia requerirán autorización judicial previa, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, subrayó que el objetivo es prevenir amenazas reales contra la seguridad pública, no intervenir en la vida privada de las personas.
Por su parte, la consejera jurídica Ernestina Godoy respaldó esta postura, afirmando que no se vulnerarán datos personales ni habrá acceso ilegal a comunicaciones privadas.
La iniciativa contempla la creación del Consejo Nacional de Inteligencia, integrado por diversas instituciones encargadas de la seguridad. Este organismo coordinaría el análisis, manejo y protección de la información estratégica, utilizando herramientas tecnológicas con estándares éticos y certificación legal. El consejo estaría encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para anticiparse a los delitos sin violar los derechos fundamentales.
La propuesta legislativa fue enviada al Congreso como parte del periodo extraordinario de sesiones. Dentro del mismo paquete se incluyen reformas a la Ley de la Guardia Nacional y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La presidenta reiteró que esta estrategia forma parte de su compromiso por consolidar un sistema de seguridad eficiente, legal y transparente. A pesar de las críticas de algunos sectores, la presidenta defendió que la ley cuenta con mecanismos suficientes para evitar abusos.
