Durante la conferencia matutina del 17 de junio de 2025, el Gobierno de México fijó postura sobre el programa del Infonavit que plantea regularizar viviendas actualmente ocupadas de forma irregular. Las autoridades destacaron que, aunque se busca evitar desalojos, la ley se respetará plenamente en los casos en que existan denuncias formales por despojo o allanamiento.
Gobernación fija límites al programa del Infonavit
Al encabezar este día la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que uno de los derechos fundamentales es el de la propiedad privada, y subrayó que si existe un allanamiento o cualquier otra falta, el caso deberá ser investigado por las autoridades competentes. “No puede ir por encima de una denuncia de un propietario, una cuestión de una invasión”, afirmó.
Ante la polémica generada por la posibilidad de que personas sin relación contractual puedan adquirir viviendas, la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que no se permitirá ningún proceso de regularización si hay una investigación penal en curso. En palabras de la funcionaria:
“efectivamente que hay este programa del Infonavit que dice, no a los desalojos de las viviendas ocupadas, pero nosotros sí le agregaríamos que la excepción está en que si hay una carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia donde hay un propietario”, Mencionó Rodríguez.
Controversia y reacciones públicas
El anuncio del programa generó reacciones divididas en la opinión pública y en diversos sectores. Algunos señalaron que podrían representar un incentivo indirecto a la ocupación ilegal de viviendas, mientras que otros expresan preocupación por los derechos de los propietarios originales, quienes podrían quedar en desventaja. Medios y usuarios en redes sociales retomaron casos de personas que perdieron su vivienda por actos ilegales, lo que aumentó la presión sobre las autoridades para que aclararan el funcionamiento del esquema. Ante este contexto, el Gobierno Federal reiteró que no se permitirá la regularización de viviendas cuando existan procesos penales activos por despojo o allanamiento.
No obstante, la funcionaria también respaldó el uso de medidas conciliatorias en casos sin denuncias y afirmó que el Infonavit debe dialogar directamente con las personas que habitan las viviendas, especialmente con aquellas familias a las que alguien engañó o que no conocen la situación legal del inmueble. Añadió que, en la mayoría de los casos sin carpeta de investigación, se debe buscar un acuerdo formal que permita regularizar la ocupación sin recurrir al desalojo.